El fiscal al servicio de la administración chavista, Tarek William Saab, junto al canciller Jorge Arreaza, indicaron que el documento fue pagado por el Grupo de Lima, por una suma de 5 millones de dólares.

“Informe de comisión ad hoc, financiada y pagada por el “Grupo de Lima“, sin pruebas, sin estar en el terreno, busca distorsionar la realidad del tema de los DDHH en Venezuela (…) Se asignaron 5 millones de dólares. Vean cómo se despilfarra el dinero de los países miembros”, expresó Saab.

Según el fiscal, “en Venezuela no hay impunidad y se respetan los derechos humanos”, sustentando sus palabras con unos testimonios del diputado Juan Requesens, quien aseguró no haber sido víctima de tratos crueles durante su detención en el Sebin.

Una misión independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó un informe en el que documentó los delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano, donde destaca las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Faes, Sebin y el Dgcim.

El informe enfatiza que Maduro tenía conocimiento de todas estas arbitrariedades, e incluso, un extrabajador del Sebin reveló que las decisiones muchas veces venía del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Sin embargo, Arreaza precisó que estas acusaciones reiteran “el ataque sistemático y generalizado” contra Venezuela, al tiempo que aseguró que estos señalamientos desprestigian a las Naciones Unidas.

“Esos señores no han pisado terreno venezolano, ni lo pisarán. Esto desprestigia mucho a las Naciones Unidas. Muchos voceros de la institución y gobiernos han caído en una trampa producto de una operación mercenaria“, manifestó Arreaza, reiterando que el informe es “pirata y un fraude jurídico.

En tanto, Saab insistió en que se trata de “una alianza con violadores de derechos humanos” y a su juicio, lo documentado por la ONU fueron delitos cometidos en la pasada administración del Ministerio Público (MP), la cual era presidida por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

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“Le hacen juego a la política exterior de EE. UU., que utiliza estas declaraciones para promover ataques a la institucionalidad democrática venezolana”, puntualizó Saab.

Asimismo, elogió “el compromiso del MP” en garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y resaltó las imputaciones que se han realizado durante su administración.

“En Venezuela hay instituciones que trabajan todos los días en la vigilancia y protección de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”, detalló.

“Solo en el mes de septiembre de este año, se ha solicitado a los tribunales competentes la imputación de 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país. En este periodo han sido acusados un total de 804 funcionarios y 123 civiles, lo que hace un total de 927 acusados a través de la presentación de 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia”, añadió.

Según Saab, en Venezuela se ha sido implacable con funcionarios que utilizan la fuerza desproporcionada contra civiles y las denuncias de abuso de poder siempre han sido atendidas.

“Fueron aprehendidos un total de 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para un total de 468 privados de libertad, de los cuales 109 pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana”, insistió.

Cabe recordar que el informe fue respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ONU sugirió hacer una investigación individual a altos funcionarios del régimen, entre los que destacan el propio Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, y Néstor Reverol.

NTN24