La medida, que también beneficia a ciudadanos de Nicaragua y Cuba, considera la situación política, de crisis económica y de vulneración de los derechos en los tres países, en función de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El beneficio se concede a personas a las que se les haya negado previamente una petición de refugio

La buena noticia la hizo circular David Smolansky: «Costa Rica crea una categoría especial temporal de protección complementaria para los venezolanos en ese país. Esta decisión es un gran paso para integrar a los refugiados que huyen del régimen de Maduro. Este nuevo decreto aplicará a los venezolanos que tengan una resolución denegatoria de refugio y que hayan entrado a ese país entre el 1° de enero de 2016 y 20 de marzo de 2020».

A lo que se refiere el Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es a una decisión del Ejecutivo de ese país publicado en La Gaceta Oficial número 271 del 12 de noviembre de 2020 y que en realidad abarca a otras dos nacionalidades del continente cuyos regímenes políticos no paran de producir migraciones: la categoría especial temporal de protección complementaria es para venezolanos, cubanos y nicaragüenses.

¿Es para todos?

No. Tal como explicó Smolansky, es para ciudadanos de esas nacionalidades a quienes por alguna razón se les haya negado previamente una solicitud de refugio en Costa Rica.

Las consideraciones del gobierno costarricense para tomar esta decisión resultan interesantes: son producto de una lectura acertada del momento y del reconocimiento de las responsabilidades de la comunidad internacional. Empieza por suscribir las ideas de la Organización de Naciones Unidas sobre el impacto positivo de los migrantes y los beneficios de una migración ordenada y regular, pasa por considerar obligaciones del Estado tanto en su normativa interna como en materia de acuerdos internacionales y la situación generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a lo que se lee en La Gaceta desde el año 2014 se registra un «aumento considerable» en la solicitud de refugio en Costa Rica por parte de venezolanos. Y algo similar ha ocurrido durante los últimos dos años en el caso de ciudadanos nicaragüenses y cubanos.

Este contexto impulsó a Costa Rica a implementar un sistema de protección complementaria «que brinde la posibilidad de permanecer legalmente en el país, con un enfoque de razones humanitarias». Y esa posibilidad incluye la posibilidad de vivir, trabajar y ejercer actividades económicas de forma legal.

En el caso de los venezolanos, un informe hecho a finales del año pasado por la oficina que dirige Smolansky en la OEA, indica que en Costa Rica hay más de 40 mil migrantes y refugiados venezolanos y que más de 2.200 venezolanos solicitaron refugio el año pasado. El comisionado estima que más de 10% del total de venezolanos en Costa Rica podrían calificar para esta protección complementaria: «Visitamos Costa Rica antes de la covid-19 y después de reuniones con las autoridades y refugiados, recomendamos la creación de la categoría especial de protección para los venezolanos. Nos alegra que ya es una realidad. Un esfuerzo mancomunado», celebró Smolansky.

 

NB/EE